Ya hace algunos años que la administración pública canaria se ha atrevido a aplicar la racionalidad en la legislación sobre la dicotomía que tradicionalmente plantea el desarrollo socio-económico en contra de la protección del territorio en esta comunidad. Efectivamente parece que ha quedado demostrado que la prohibición indiscriminada que se implantó en las décadas anteriores evoluciona hacia el abandono tanto de los espacios turísticos tradicionales como de los terrenos de cultivo. Aunque no es el objeto de este artículo incidir sobre el fondo de la cuestión, no podemos dejar de apuntar que es obvia la necesidad de fomentar el mantenimiento de las zonas agrícolas de las islas de manera que el valor etnográfico que aportan al paisaje y por ende al motor del turismo natural sea recuperado. Al mismo tiempo, esto permitirá que el sector primario aporte su granito de arena a la maquinaria productiva del archipiélago.
